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National Law Center for Inter-American Free Trade

COMPETENCIA DESLEAL

por el Dr. Nelson Remolina Angarita, asociado de Paredes Mansfield & Cía

Colombia

TABLA DE CONTENIDO

I. ASPECTOS GENERALES 1II. LA LEY 256 DE 1996. 2III. ACCIONES JUDICIALES CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL 4I. ASPECTOS GENERALES

1.1 El artículo 333 de la Carta Política de 1991 establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero advierte que la libertad a ellas reconocida habrá de ejercerse dentro de los límites del bien común. La libre competencia económica, si bien es un derecho de todos a la luz del mismo precepto, supone responsabilidades, por lo cual la ley delimita el alcance de la libertad económica cuando así lo exija, entre otros factores, el interés social.

Ya la Corte Constitucional ha puesto de presente que "la libre competencia no puede erigirse como un derecho absoluto ni en barrera infranqueable para la actividad de intervención del Estado." Luego la actividad económica conlleva indudables limitaciones, correctivos y controles para garantizar en términos equitativos el acceso y funcionamiento del mercado.

En virtud de lo anterior, el Estado debe: a) Impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y b) Evitar o controlar cualquier abuso que las personas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

Las prácticas restrictivas de la competencia y la ejecución de actos desleales del comercio, cualesquiera que sean, constituyen elementos de distorsión y desequilibrio del mercado que perjudican genéricamente a los empresarios y consumidores por impedir un correcto funcionamiento del sistema competitivo. Con el propósito de reprimir y evitar dichas conductas, nuestro ordenamiento jurídico contempla, entre otras, normas que prohiben dichas prácticas (Ley 155 de 1959 y Decreto 2153 de 1992 principalmente) y normas que proscriben la competencia desleal (contenidas básicamente en los artículos 75 a 77 del Código de Comercio). Estas, en últimas pretenden garantizar la efectividad del derecho constitucional a la libre competencia económica.

1.2. El artículo 10 bis del Convenio de París obliga al Estado colombiano a asegurar a los nacionales una protección eficaz contra la competencia desleal, es decir contra todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial. Así por ejemplo, ordena prohibir:

"1) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

"2) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

"3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

II. LA LEY 256 DE 1996.

Las anteriores disposiciones constitucionales e internacionales son las principales causas para que el Congreso de Colombia aprobara la Ley 256 del 15 de enero de 1996 "Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal". Los efectos, controles, sanciones y manifestaciones de la competencia desleal son asuntos de especial trascendencia en la organización económica de un país y como tal constituye un tema de interés general.

La competencia implica la posibilidad de concurrir y participar en un mercado en igualdad de condiciones. Las normas sobre competencia desleal procuran proteger a los competidores frente a conductas de sus colegas que van en contra de las costumbres mercantiles y que intentan privarlos de parte de su mercado y también a los terceros en general que se ven afectados por dichas conductas. Por lo tanto, para que esa deslealtad exista basta que la actuación en cuestión sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes del mercado.

El principal objeto de la Ley 256 de 1996, precisamente, es garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal. Por lo tanto, salvo expresa excepción legal, se aplica tanto al comerciante como a cualquier persona que realice los comportamientos calificados como de competencia desleal en el mercado y con fines concurrenciales, es decir, para mantener o incrementar su participación o la de un tercero en el mercado, siempre y cuando dichos actos produzcan efectos en el mercado colombiano.

Es importante destacar que la Ley expresamente ordena que su aplicación "no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal". Lo anterior constituye un cambio significativo en la concepción y regulación tradicional de la competencia desleal según la cual debía existir una relación de competencia directa entre el empresario afectado y el autor de los actos desleales para que se considerara que existía competencia desleal. Todo ello por cuanto lo que se buscaba era proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de su competidores directos que pudieran perjudicarles.

La Ley 256 de 1996 refleja una nueva perspectiva de la competencia desleal por cuanto, además de pretender garantizar los derechos de los empresarios en condiciones de igualdad, también busca asegurar el funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía de mercado y la del público en general. Así pues, hoy en día, la protección contra la competencia desleal no sólo responde al interés de los empresarios afectados, sino que existe un interés público en que el sistema competitivo funcione. También existe otro interés importante involucrado, como es el de la protección de los consumidores: Una de las consecuencias más importantes de este nuevo planteamiento consiste en el reconocimiento de la legitimación activa de los consumidores para el ejercicio de las acciones de competencia desleal.

2.1. Prohibición general y supuestos específicos de la competencia desleal.

La Ley en estudio reitera: a) La prohibición general de realizar actos de competencia desleal y b) La obligación de los participantes del mercado de obrar con buena fe. Prohijando lo dispuesto en el Convenio de París, la Ley 256 de 1996 considera como competencia desleal:

"Todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado."

La cláusula general prohibitiva de la competencia desleal seguida de una enumeración de supuestos concretos de comportamientos prohibidos es una estrategia de política legislativa que ha sido acogida en la mayoría de regulaciones sobre la materia. De esta manera, se establece la prohibición en unos términos que permiten incluir los supuestos no especialmente previstos dada la continua evolución de las prácticas comerciales, que dan lugar a la aparición de nuevos comportamientos incorrectos. Así, la Ley 256 de 1996, pretende también evitar que la protección contra la competencia desleal quede obsoleta debido a las cambiantes exigencias de la actividad económica.

2.1.1. Conductas específicas de competencia desleal.

El catálogo de conductas calificadas como de competencia desleal por la Ley 256 de 1996 comprende, entre otras, las siguientes:

a) Los actos de desviación de la clientela siempre que dicha conducta sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.

b) Los actos de desorganización, es decir, las conductas que tengan por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresas, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.

c) Las conductas tendientes a crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.

d) Los actos que tienen por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.

e) Los actos de descrédito, es decir la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero.

f) Los actos de comparación pública de la actividad, las prestaciones, o el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, cuando se utilicen indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas.

g) Los actos de imitación de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

h) Los actos de explotación de la reputación ajena, es decir, el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

i) También es desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente. Es así misma desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

j) Los actos de inducción a la ruptura contractual, es decir, la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores siempre y cuando dicha conducta tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otros análogos.

k) La violación de normas también es desleal cuando con ella se adquiere una ventaja competitiva frente a los competidores.

l) Los pactos desleales de exclusividad en los contratos de suministro cuando dichas acuerdos tengan por objeto o como efecto, restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios.

Obsérvese que los actos mencionados son enunciativos, por lo tanto debe entenderse que también está prohibido cualquier otro acto que cumpla con los requisitos señalados en la Ley 256 de 1996 para que sea considerado de competencia desleal.

III. ACCIONES JUDICIALES CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

Mediante el trámite de un proceso abreviado, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado y cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal así como determinadas autoridades y asociaciones, está legitimada para el ejercicio de las siguientes acciones:

1. Acción declarativa y de condena, para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante.

2. Acción preventiva o de prohibición, para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohiba aunque aún no se haya producido daño alguno.

Las anteriores acciones procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, dichas acciones deben dirigirse contra el patrono.

Por último, la Ley 256 de 1996 derogó expresamente el artículo 10 de la Ley 155 de 1959 que consagraba el concepto de competencia desleal; los artículos 75 a 77 del Decreto 410 de 1971 los cuales hacían alusión a los hechos que constituyen competencia desleal, las acciones judiciales contra la competencia desleal y la prohibición de la propaganda comercial tendiente a establecer competencia desleal y los artículos 975 y 976 del Código de Comercio que se referían a las cláusulas de exclusividad en los contratos de suministro.

FIN

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El estudio anterior fue preparado por el Dr. Nelson Remolina Angarita, asociado de Paredes Mansfield & Cía.