I.
INTRODUCCION
II.
CONSIDERANDOS
III.
PRINCIPIOS RECTORES
IV.
ACUERDO GENERAL
A. REFORMA ESTRUCTURAL
B. SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIAS
V.
ACUERDOS BÁSICOS
A. ACCIONES INMEDIATAS
B. COMERCIO INTERNACIONAL
1. Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y otros tratados comerciales internacionales
2.
Política de cupos de importación
3.
Defensa contra prácticas desleales de comercio
4.
Inocuidad y calidad
5. Negociaciones comerciales internacionales
6. Cooperación
C. DE DESARROLLO ECONÓMICO
1. Fomento Productivo y Desarrollo Económico
2.
Acuerdos en materia de fomento a la
economía social del sector rural
3. Estratificación económica del sector rural
a)
Productores agropecuarios, forestales y pesqueros en general
b) Productores agropecuarios, forestales y pesqueros con menor desarrollo relativo y con potencial productivo
c)
Hogares rurales con unidades de producción con limitada o nula posesión de
tierra
4. Financiamiento
5. Comercialización y desarrollo de mercados
D. DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL
1. De desarrollo humano
2. Educación y cultura
3. Salud
4. Vivienda
5. Alimentación,
nutrición y abasto
6. Jornaleros agrícolas y trabajadores migrantes
7. Grupos Prioritarios
8. De desarrollo del capital físico
a) Recursos naturales
b) Infraestructura física
9. De participación y desarrollo de la sociedad rural
E. MODIFICACIONES AL MARCO LEGAL
F. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1. Ordenamiento administrativo y acciones presupuestarias
2. Ordenamiento de la propiedad rural
3. De la Identidad jurídica
4. De gobernabilidad democrática y campo
VI. SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Nuestro campo ha sido origen y causa de grandes movimientos sociales que han contribuido a la construcción de la patria mexicana. Emiliano Zapata, con su estandarte revolucionario “Tierra y Libertad”, ocupa un liderazgo histórico que hoy encuentra una renovada vigencia a través de la cual se permite saldar la deuda con la población campesina.
Este Acuerdo Nacional para el Campo reconoce la propuesta de las organizaciones campesinas y de productores, planteada en las diferentes mesas del “Diálogo por una Política de Estado para el Campo”, de la necesidad de un verdadero cambio estructural, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26; la fracción XX del artículo 27; y el párrafo 4º del artículo 4º de nuestra Carta Magna.
En el marco de la ley el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas y de productores de México suscriben este Acuerdo Nacional para el Campo. En él, nos pronunciamos por la vigencia plena del Estado de Derecho, lo que significa dar cumplimiento a los mandatos constitucionales vigentes y a las leyes y reglamentos específicos que de ahí se deriven, así como a su fortalecimiento, para consolidar el proyecto de Nación al que aspiramos los mexicanos.
En concordancia con
lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se reconoce como base
fundamental de este Acuerdo Nacional para el Campo la soberanía y seguridad
alimentarias.
El Acuerdo Nacional para el Campo establece condiciones para que la soberanía y seguridad alimentarias y el desarrollo de la sociedad rural, sean alcanzados mediante una Política de Estado, que deberá cumplir con todos los requisitos que se definen a continuación:
Ø Ser construida con la participación de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, mediante la vinculación práctica de capacidades y saberes expertos, de la experiencia real de los actores productivos y sociales, de los saberes institucionales, y sobretodo considerando la diversidad regional y poblacional existente en las diferentes entidades federativas del país;
Ø Definir los compromisos en el inmediato, corto, mediano y largo plazo que se pretenden lograr para todos los sectores de la sociedad rural y para el país como un todo;
Ø Tener un diagnóstico realista y objetivo sobre las causas de la problemática y los medios eficaces para alcanzar las finalidades que se pretenden;
Ø Establecer con claridad los derechos y obligaciones, tanto del sector público, como de la sociedad; en un marco de corresponsabilidad, para alcanzar los objetivos que se pretenden como Nación;
Ø Fortalecer el marco institucional, legislativo, normativo, programático, presupuestario y de rendición de cuentas, para la realización de las responsabilidades públicas, la definición de las misiones de las instituciones; la organización en la conducción de los asuntos públicos y la rendición de cuentas transparente hacia la sociedad;
Ø Fortalecer los mecanismos que permitan combinar los recursos públicos, privados y sociales requeridos para realizar las tareas;
Ø Los tratados internacionales, las negociaciones derivadas de ellos y los acuerdos específicos, deben ser compatibles con lo dispuesto por la Constitución y los objetivos de desarrollo nacional;
Ø Considerar al federalismo como el inicio y condición en el diseño de las políticas públicas, que impacten positivamente y eleven los niveles de vida de la Sociedad rural.
El Acuerdo Nacional para el Campo reconoce el amplio proceso social, la postura claramente establecida por las organizaciones campesinas y de productores que participaron en el diálogo de que, ante el rezago histórico del sector rural, la apertura comercial y los ajustes estructurales a los que se ha visto sujeto el sector en las últimas dos décadas, la única vía para la reactivación del campo es la aplicación de reformas estructurales de fondo y con visión estratégica nacional de largo plazo.
Para alcanzar las reformas estructurales antes mencionadas, este Acuerdo Nacional para el Campo reconoce que el Estado Mexicano, tiene el mandato constitucional para promover, concertar e instrumentar una Política de Fomento Productivo y Desarrollo Económico y una Política Social para el Desarrollo Rural Sustentable, las cuales serán operadas institucionalmente de manera concurrente y diseñadas con instrumentos puntuales de política pública que privilegien el respeto a las personas y la aptitud de la tierra; el fomento productivo a lo largo de las cadenas agroalimentarias; el desarrollo rural; y el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, todo esto dentro de un contexto global, un sentido nacionalista y un enfoque regional.
Este principio es el que rige y sustenta el Acuerdo Nacional para el Campo, mismo que se reflejará en reformas estructurales, con propuestas de inmediato, corto, mediano y largo plazos, que incorporan el proceso de consulta de las mesas del diálogo, y permitirán materializar las mismas, con un enfoque de país y región, para fortalecer un modelo incluyente de desarrollo económico, social y ambiental, que deberá ser implementado mediante una reingeniería institucional, acuerdos específicos y propuesto cuando así corresponda al Poder Legislativo.
Este Acuerdo
Nacional para el Campo también reconoce y afirma los criterios que fueron
planteados en el proceso de consulta de las mesas del diálogo, en el sentido de
que los instrumentos de política pública que se diseñen y concerten dentro del
Acuerdo Nacional para el Campo, deberán ser impulsados dentro del marco del
federalismo y bajo una concepción institucional, normativa, programática y
presupuestaria multianual y criterios de participación, corresponsabilidad y
equilibrio en el uso de los recursos públicos para zonas urbanas y rurales, que
permitan atender la diversidad regional y poblacional del país.
II.
CONSIDERANDOS
Ø
Que es urgente la reforma estructural del campo
mexicano en el marco de una política de Estado.
Ø
Que se requiere de acciones urgentes de activación
e impulso al sector rural, en concertación con los distintos actores que en él
participan.
Ø
Que el sector campesino es un sector con un
acendrado arraigo a la tierra y demanda una mejora sustancial en su nivel de
vida a partir de un mayor acceso a las oportunidades de desarrollo personal y
comunitario y de una justa retribución por su trabajo.
Ø
Que los pobladores del campo y su cultura aportan a
los valores nacionales el acervo de la ruralidad que nutre de identidad y
sentido a amplísimos sectores de mexicanos. No obstante, estos pobladores han
sido limitados interlocutores con otros sectores sociales y no se ha promovido
consistentemente su integración a los procesos de toma de decisiones sobre el
modelo de país en todos sus niveles.
Ø
Que el campo mexicano presenta un gran mosaico
étnico-cultural, político y socioeconómico con una gran biodiversidad, que debe
ser atendido de manera integral, pero también de manera específica, en
reconocimiento a sus particularidades.
Ø
Que la justicia social en el medio rural sólo se
logrará con la participación, organización y decisión de los hombres y mujeres
del campo mexicano, así como con el apoyo decidido del Estado en su conjunto.
Ø
Que es necesario fortalecer la democracia en el
campo para que las transformaciones
sean generadas y apropiadas por los actores involucrados y se dignifique al
campo y la vida rural.
Ø
Que la solución a la problemática del campo no sólo
debe incluir el fomento productivo y la diversificación económica en los
ámbitos agropecuario, pesquero y forestal, sino también el desarrollo social
que permitan en su conjunto el desarrollo rural sustentable.
Ø
Que es prioritario que el Estado responda diferenciadamente
a las necesidades de los distintos estratos de hogares en el medio rural de
acuerdo a sus características y capacidades humanas, así como al tipo de
unidades de producción que poseen.
Ø
Que es necesario atender de manera prioritaria la
productividad de la agricultura campesina para los sistemas de producción de
maíz blanco y frijol y otros relacionados con los sistemas diversos de
producción familiar y colectivos tradicionales.
Ø
Que es necesaria una política de transición por
parte del Estado para acompañar a la producción agropecuaria, de manera
corresponsable y subsidiaria, ante los ajustes estructurales y la apertura
comercial que han ocurrido desde mediados de la década de los ochentas.
Ø
Que los grupos mayoritarios de la sociedad rural
enfrentan una profunda crisis, resultado de la acumulación de rezagos y de
cambios radicales en el entorno económico y de políticas que requieren ser
revisadas.
Ø
Que en el medio rural se está dando un profundo
proceso de envejecimiento de la población dedicada a la actividad agropecuaria,
derivada del éxodo de jóvenes hacia las ciudades y al exterior, al no contar
con perspectivas de desarrollo en sus comunidades.
Ø
Que es preciso reconocer el papel que las mujeres
del campo desempeñan en la sociedad rural, tanto en el ámbito social y
productivo como en la familia.
Ø
Que es necesario fortalecer el patrimonio de las
familias rurales, facilitando el acceso a los recursos naturales que permitan
su aprovechamiento y desarrollo, y
dándoles certeza sobre la tierra y los bienes que éstas posean.
Ø
Que una gran cantidad de productores agropecuarios,
forestales y pesqueros comercializan sus productos como genéricos o
indiferenciados, sin beneficiarse de las ventajas específicas de calidad y
origen de los mismos y por ello sólo se quedan con una pequeña parte del precio
final de sus productos.
Ø
Que existe una subutilización y falta de
infraestructura de apoyo y de servicios en general, lo que obliga a muchos
productores mexicanos a entregar las cosechas a intermediarios.
Ø
Que mediante la utilización de los excedentes de
los recursos petroleros se pueden establecer acciones emergentes, de manera
conjunta con los gobiernos de las entidades federativas, para la ampliación y
mantenimiento de la infraestructura básica y productiva del sector rural.
Ø
Que el crédito al sector rural es insuficiente e
inoportuno.
Ø
Que existe un gran deterioro de los recursos
naturales, tanto renovables como no renovables, por factores de sobre
explotación, falta de tecnología adecuada.
Ø
Que la organización en el medio rural con fines
productivos es escasa y la gran mayoría de los pequeños productores en
situación de minifundio, enfrentan las
condiciones de mercado en una posición sumamente desventajosa.
Ø
Que la globalización de los mercados y la integración
en bloques comerciales regionales son procesos mundiales de los cuales México
no puede sustraerse, por lo que se requiere de una participación activa y pro
activa por parte de nuestro país.
Ø
Que en el caso del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) se deben impulsar con nuestros socios comerciales,
diversos esquemas de cooperación mediante la celebración de acuerdos
complementarios que coadyuven a superar las asimetrías existentes entre los
sectores rurales.
Ø
Que no obstante dichos procesos, es imprescindible
también reconocer la decisión de algunos países de destinar cantidades
importantes de recursos económicos en apoyo a sus productores agropecuarios,
forestales y pesqueros, por lo que se hace necesaria una defensa abierta y
decidida por parte del gobierno mexicano para con sus productores, en la cual
estén también incluidos apoyos, compensaciones, políticas comerciales y
subsidios.
Ø
Que el crecimiento económico no se ha reflejado en
una parte relevante de productores vinculados a cultivos tradicionales y; por
otra parte, para productores hortofrutícolas, han surgido nuevas oportunidades,
pero también la urgente necesidad de acelerar el paso para alcanzar los niveles
de competitividad requeridos y la observancia de condiciones sanitarias, de
calidad e inocuidad.
Ø
Que se han dado importantes incrementos
presupuestales al campo, por lo que es de suma importancia la coordinación,
alineación y perfeccionamiento de los programas con la finalidad de aumentar la
eficiencia del gasto gubernamental, con una mayor operatividad para los
gobiernos locales y facilidad de acceso para los beneficiarios.
Ø
Que el diálogo por una política de estado para el
campo constituye un ejercicio plural y democrático para la reflexión y la
formulación de propuestas con el fin de diseñar, consolidar, adecuar y mejorar
las políticas públicas para este sector.
Ø
Que en el marco de la gobernabilidad democrática,
la resolución de demandas se lleva a cabo por las vías institucionales y a
través del diálogo y negociaciones que buscan la creación de consensos con
estricto apego al Estado de Derecho.
Ø
Que la coordinación y cooperación entre las
instituciones de Gobierno tanto a nivel federal como estatal y municipal,
contribuirán a ser más eficientes las políticas destinadas al sector.
Ø
Que con un mismo sentido de colaboración y
participación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo se requiere seguir
avanzando en materia legislativa para dotar al campo de todos los instrumentos
indispensables para su fortalecimiento.
En virtud de lo
anterior, se ha resuelto suscribir este Acuerdo
Nacional para el Campo, que ubique al sector rural como un sector
estratégico para la Nación y como una parte fundamental de la soberanía y
seguridad alimentarias del país; que defina como una prioridad para la sociedad
mexicana su desarrollo y como un imperativo de justicia social reconocer lo que
durante décadas aportó al desarrollo del país; que fortalezca el tejido social,
económico, productivo y agrario de la sociedad rural para la incorporación de
su población al desarrollo nacional y que, construya una nueva relación
Estado-sujetos rurales basada en la autogestión y el reconocimiento pleno de
derechos, en donde se amplíe la participación de los actores rurales y sus
organizaciones en el diseño de las políticas públicas y en la operación de sus
instrumentos.
Un
Acuerdo que también establezca como propósitos que las familias mexicanas
dedicadas a producir bienes y servicios en el medio rural alcancen y mantengan
un nivel de bienestar y calidad de vida dignos, haciendo del medio rural un
espacio atractivo para la vida, el esparcimiento, la inversión y, en general,
para todas las acciones inherentes al desarrollo; que en el ámbito rural
existan las suficientes opciones productivas para que las familias rurales
cuenten con un entorno económico y social en respeto a los recursos naturales y
se revierta la migración al conseguir los satisfactores económicos, sociales,
ambientales y familiares en sus propias comunidades y que; las diversas
actividades económicas desarrolladas en el medio rural sean redituables y se
sitúen con un alto margen de competitividad y sustentabilidad, tanto en la
economía global como en el abastecimiento interno.
III. PRINCIPIOS RECTORES
Las partes
firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo suscriben el mismo, bajo los
siguientes principios rectores:
1. PAPEL DEL CAMPO
Impulsar el reconocimiento del papel del campo en el proyecto de Nación al nivel del Estado Mexicano (poderes públicos y la sociedad en su conjunto). En este sentido, se reconoce que el campo, la sociedad rural, las agriculturas campesina e indígena y sus patrimonios, constituyen una prioridad nacional y representan elementos imprescindibles para el presente y futuro de la Nación, a fin de asegurar su soberanía y seguridad alimentarias del país, su desarrollo y viabilidad a largo plazo.
2. PARIDAD
Reconocimiento del principio de paridad, que equivale al derecho a tener acceso a las mismas oportunidades para su desarrollo, de la población urbana y la población rural, de manera de construir condiciones que permitan una paridad entre el nivel de vida urbano y rural. En este sentido, se reconoce que los habitantes del sector rural tienen derecho a gozar de una vida digna y a que se respeten todos sus derechos humanos, ciudadanos, económicos, sociales y culturales.
3. SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIAS
Afirmación de la
soberanía y seguridad alimentarias como eje rector de la política
agroalimentaria, tomando como base lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el sentido
de la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de
alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción
nacional y el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo reafirma la adopción de una Política de Fomento Productivo y Desarrollo Económico y una Política Social para el Desarrollo Rural Sustentable, que protejan los intereses nacionales de los mexicanos, tanto por razones económicas como de seguridad nacional, estableciendo condiciones para procurar de manera eficaz una alimentación sana y suficiente para la población.
4. MULTIFUNCIONALIDAD Y RESPETO A LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN CAMPESINA E INDIGENA
Reconocimiento del carácter multifuncional de la agricultura y del derecho de los campesinos e indígenas a preservar y mejorar sus formas de producción, revalorando así la capacidad de desarrollo de las agriculturas campesina e indígena.
5. PRESUPUESTACION E INVERSIÓN PUBLICA
El Ejecutivo
Federal, en apego al marco jurídico y en especial al que rige al campo y con
base en los recursos presupuestarios aprobados por el Poder Legislativo,
asignará recursos multianuales para la inversión en materia de infraestructura,
fomento productivo y diversificación económica y desarrollo social del sector
rural., incluyendo apoyos, compensaciones y subsidios, para crear las
condiciones básicas del desarrollo de las regiones marginadas y la
competitividad de los sistemas producto reconocidos como básicos y estratégicos
por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
6. FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN
Como base
fundamental de la reforma estructural para el campo, el Gobierno Federal
impulsa el federalismo y la descentralización de la gestión pública, con
mayores responsabilidades y recursos transferidos a las entidades federativas y
municipios.
7. ENFOQUE DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Para atender en todos los aspectos las necesidades del campo y de la
población que en el habita se adopta un enfoque de desarrollo rural integral,
que orientará todas las actividades económicas desarrolladas por los habitantes
del medio rural, así como las dimensiones social, cultural y medio ambiental.
8. POLÍTICAS PÚBLICAS DIFERENCIADAS
De la misma manera, las políticas públicas dirigidas al campo
reconocerán la diversidad de actores productivos y sociales y las necesidades
específicas de cada uno de ellos. En este sentido, los instrumentos de política
pública se diferenciarán para potencializar sus impactos, buscando siempre que
se promuevan condiciones de equidad para el acceso a las oportunidades.
9. SUSTENTABILIDAD Y
MERCADO INTERNO
Impulso a sistemas sustentables de producción agropecuaria, agroindustrial, forestal y pesquera, con orientación para el mercado interno y aprovechando las oportunidades de los mercados de exportación.
10. CADENAS PRODUCTIVAS
Fortalecimiento de cadenas productivas agropecuarias, pesqueras y forestales priorizando el contenido nacional y agregación de valor a la producción primaria en las mismas localidades y regiones rurales y asequible a los productores primarios.
11. ORDENAMIENTO DE MERCADOS
Ordenamiento de los mercados con la intervención reguladora y de fomento del Gobierno y sobre la base de la participación y la apropiación de valor por parte de los productores, a través de su organización económica.
12. DIVERSIFICACIÓN ECONOMICA
Conservar e impulsar la ocupación económica y fortalecer la economía social promoviendo la diversificación en el campo a través de actividades no agropecuarias, tales como: la conservación de los recursos naturales y producción de bienes y servicios de toda índole, que coadyuve a elevar el bienestar de la población rural.
13. DEFENSA DEL PATRIMONIO RURAL
Defensa y
valorización de los patrimonios territoriales (tierra, agua, bosques, selvas,
vegetación de zonas áridas; biodiversidad, recursos genéticos, cultura,
conocimientos, entre otros) de ejidos, comunidades y pueblos indios; fin del
rezago agrario, y distribución de activos productivos para el desarrollo
agropecuario y rural, principalmente
entre jóvenes y mujeres.
14. PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN
SOCIAL
Se promoverá la participación y compromiso de todos los actores del
medio rural, reconociendo su condición de sujetos responsables de su propio
desarrollo y en consecuencia fortaleciendo una relación Estado-sujetos rurales
basada en la autonomía, autogestión y reconocimiento pleno de derechos. De la
misma manera, todas las acciones y compromisos asumidos en este Acuerdo
Nacional para el Campo, promoverán la inclusión.
15. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Se promoverán mecanismos que permitan transparentar las acciones y
vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
16. CORRESPONSABILIDAD
Todas las acciones y
medidas establecidos en este Acuerdo Nacional para el Campo para el fomento productivo, el desarrollo
económico y el desarrollo social de las comunidades rurales, así como su
aplicación, evaluación y resultados, son compromiso y corresponsabilidad de los
que intervienen en el sector rural: los tres órdenes de gobierno; y
organizaciones de productores, económicas y sociales, dentro del marco de
derecho.