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Acceso Público a la Información sobre Medio Ambiente en la Frontera México-Estadounidense
Michael Gregory
Presentado en la Segunda Conferencia Anual Binacional del West Texas Regional Poison Center sobre Aspectos de Toxicología y Salud Ambiental
"La Toxicología no tiene Fronteras"
El Paso, Texas
6 de septiembre de 1996
El acceso del público a la información es un elemento esencial de una sociedad libre, de la participación ciudadana y del desarrollo sustentable. Adem s, se ha comprobado que el acceso público a la información sobre aspectos ambientales en muchos casos es uno de los m s efectivos incentivos para prevenir la contaminación. En los Estados Unidos, por ejemplo, durante los últimos a¤os se han podido eliminar del medio ambiente millones de contaminantes no porque lo exijan los reglamentos, sino simplemente porque las leyes sobre el derecho a la información le han brindado a la población información respecto a qué contaminantes se usan y emiten en sus comunidades. Y dado que esta es una medida efectiva para prevenir la contaminación, el acceso a la información
también constituye una efectiva forma de prevenir enfermedades.
Desde que se presentó el desastre químico en la planta de Union Carbide en Bhopal, India, ha habido una mayor demanda de información a nivel mundial, y en los últimos a¤os, ha aumentado la cantidad de iniciativas sobre el derecho a la información en la región fronteriza México-Estadounidense. (En dos publicaciones de la EPA aparece una relación de dichas iniciativas. Las publicaciones son: Compendium of EPA Binational and Domestic U.S./Mexico Activities, publicado en junio de 1995, y U.S./Mexico Border XXI Program Draft Framework Document, publicado en junio de 1996).
Ya sea que vemos el acceso en términos de tecnología informativa, como un asunto de derechos civiles o humanos, como una cuestión de economía política, o desde otra perspectiva, en cuanto empezamos a abordar el tema y su relación con la región fronteriza, uno de los aspectos que de inmediato debemos considerar es el de las importantes diferencias en la Cultura de la Información que existe en los dos países.
Lo que quisiera hacer durante los siguientes minutos es hablar acerca de algunos de los aspectos de estas dos culturas, tal y como se presentan, dadas las condiciones actuales de acceso y las iniciativas existentes en la región fronteriza -especialmente en la parte occidental de la frontera, donde ATI realiza la mayor parte de sus labores, y particularmente con respecto a las iniciativas emprendidas a manera de proyectos de colaboración entre gobiernos locales y grupos de interés público no lucrativos, incluyendo a Arizona Toxics. (He anexado a la copia de mi ponencia, que se encuentra a su disposición en la mesa, una lista de algunas de las actividades que ATI lleva a cabo con respecto al derecho a la información). Mi pl tica se divide en cuatro secciones: Acceso en General, Acceso en el lado Americano, Acceso en el lado Mexicano, y Acceso Intermedio.
Acceso en General
Antes de pasar a considerar los aspectos regionales del problema, es conveniente revisar algunas definiciones de términos y contextos. En primer lugar, aunque la frase "Acceso a la Información sobre Medio Ambiente" sea de tan amplio alcance, me enfocaré únicamente al acceso en el sentido comúnmente limitado del derecho que asiste a los trabajadores y a las comunidades para conocer la información referente a los materiales peligrosos a los que se pueden ver expuestos.
En segundo lugar, yo uso el término materiales peligrosos en el sentido m s amplio de la expresión, como sinónimo del término sustancia tóxica y producto peligroso, e incluyendo algunos otros términos (generalmente limitados en cuanto a su significado jurídico) como sustancia peligrosa, residuo peligroso, sustancia química tóxica, sustancia extremadamente peligrosa, contaminación o contaminante, plaguicida, etc.
En tercer lugar, el concepto de Acceso a la Información comprende una gran variedad de puntos de acceso a través del ciclo total de vida de los materiales peligrosos. Estos puntos est n comprendidos dentro del alcance de una gran variedad de dependencias, instituciones y empresas, y tienen que ver con varios tipos de niveles o clasificaciones sobre los cuales podemos requerir información. Por ejemplo, si queremos información acerca de 1) sustancias, organismos o productos específicos; 2) plantas, sitios o incidentes específicos; 3) regiones ecológicas o geogr ficas específicas; o 4) si queremos tener acceso a los datos globales que tiene alguna instancia gubernamental o internacional, una empresa o sector empresarial, una universidad, o incluso todo un gobierno o el sistema Internet.
Como cuarto punto, el universo de datos es tan extenso, las opciones en el ciberespacio son tantas, y la vida es tan corta, que las consultas, si queremos que sean útiles, deben restringirse a satisfacer metas específicas. Los trabajadores y el público generalmente buscan información en los dos primeros niveles: una sustancia o un producto específico que se relacione con una ubicación geogr fica en particular. De manera pr ctica, a la mayoría de las personas no les importa cuanta Sustancia XXX se necesita para matar a alguien o para provocar malformaciones en los bebés; por lo general la gente solamente quiere obtener respuestas a algunas preguntas b sicas como: ¨realmente se necesita esto? Y si no se necesita, ¨por qué lo siguen usando? Y si realmente se necesita, ¨para qué es necesario? ¨quién se ve beneficiado? y ¨han hecho todo lo posible, han agotado todos sus recursos para garantizar que no provoque da¤os? La evaluación de riesgos generalmente no interesa sino a aquellos que buscan alguna manera de empujar la contaminación hasta cierto límite, en vez de eliminarla en la mayor medida posible. Lo que a la mayoría de la gente le importa son los peligros intrínsecos y la prevención.
Finalmente, aunque muchas de las iniciativas del derecho a la información se enfocan de manera natural hacia la planeación y la respuesta a emergencias, a fin de atender las amenazas m s inmediatas y catastróficas que enfrentan nuestras comunidades y el medio ambiente, la inquietud sobre las emergencias se relaciona con un solo aspecto del ciclo de vida de los materiales peligrosos; la prevención de la contaminación y enfermedades requiere de información m s exhaustiva e integrada.
Con base en estos par metros, para brindar un flujo efectivo de información que incluya efectivos mecanismos de recopilación, captura, mantenimiento, an lisis, diseminación de datos, y otras tareas relacionadas, el Acceso a la Información se debe entender como algo que va m s all de la mera disponibilidad o divulgación de datos. En este sentido, el Acceso a la Información debe incluir como mínimo los siguientes aspectos:
Asimismo, información sobre formas de prevenir la exposición y los da¤os que ocasionan las emisiones rutinarias y de emergencia, y sobre las herramientas que pueden usarse para encontrar la información que se desea obtener.
Un programa adecuado y efectivo de derecho a la información constituye una puerta de acceso a estos y otros puntos, con el objeto de que se nos proporcione la información que necesitamos para protegernos, proteger el medio ambiente y a las generaciones futuras.
Acceso en el Lado Americano
Los Estados Unidos comenzaron suponiendo, como dijo Thomas Jefferson, que una sociedad democr tica depende de una ciudadanía informada, y la Cultura de la Información que se ha ido desarrollando durante los últimos 200 a¤os a partir de esa premisa ha dado como resultado una complicada estructura de leyes y reglamentos cuyo propósito es garantizar tanto el derecho del público a la información como el derecho del individuo a la privacidad.
Según este sistema, cuando menos en teoría, detr s del deseo de contar con Acceso a la Información se encuentra el concepto de la Libertad de Información -y ambas ideas, aunque en grados distintos, est n contenidas en el marco legislativo de protección a la salud y al medio ambiente en el lado norte de la franja fronteriza.
Con esto obviamente no quiero dar a entender que en los Estados Unidos todo marcha perfectamente bien y de manera transparente, ni que el público pueda encontrar f cilmente todo lo que quiere conocer acerca de los materiales peligrosos y la contaminación ambiental. Durante los últimos veinticinco a¤os ha habido avances, empezando con la aprobación de leyes de divulgación como la Ley Nacional de Política Ambiental, y la Ley de Agua Limpia, pero aún hay muchos vacíos de información, y el público aún sigue ignorando la mayoría de los peligros ambientales a los que se ve expuesto, y por consecuencia, se le impide tener una participación efectiva en los procesos de toma de decisiones con los que se determina el tipo y alcance de dichas exposiciones.
Por ejemplo, la EPA calcula que su Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI, por sus siglas en inglés), desarrollado en base a la Ley de Planeación de Emergencias y Derecho de la Comunidad a la Información de 1986 (EPCRA), y generalmente reconocido como el m s extenso programa de derecho a la información en el mundo, solamente cuenta con informes de menos del 5% de las emisiones ambientales y transferencias de sustancias tóxicas que se llevan a cabo anualmente en los Estados Unidos. Esta bajísima cifra no nos debe sorprender si tomamos en cuenta que de 650,000 a un millón de sustancias que se comercializan, solamente 50 a 100,000 se reconocen generalmente
como peligrosas (en base a EPA, OSHA, etc.), y que aún a pesar de las recientemente ampliadas reglas del TRI, solamente unas 600 de estas sustancias est n sujetas a requisitos de notificación, y únicamente cuando las transferencias son por cantidades mayores a 10,000 a 25,000 libras, y solamente si la emisión o transferencia la lleva a cabo algunas de las pocas industrias que la EPA clasifica como fabricantes.
La falta de información que nos aqueja obedece a varios factores, incluyendo, por supuesto, al tan citado culpable, la falta de recursos; pero francamente, yo creo que al problema de los recursos se le da mayor importancia de la que tiene en una sociedad que puede darse el lujo de pagar millones de dólares al a¤o a algunas personas para que traigan una pelotita de arriba a abajo en una cancha.
Adem s de los recursos, tenemos que reconocer que la ciencia muchas veces no trabaja a la misma velocidad que la tecnología, y que dado el ritmo del desarrollo tecnológico, muchas veces nos vemos forzados a enfrentarnos con sustancias tóxicas del siglo XXI, aún cuando solamente contamos con información del siglo XX - y en algunos casos, con información y herramientas incluso m s antiguas. El estudio de la toxicología ecológica, por ejemplo, est apenas en pa¤ales, y los estudios epidemiológicos se van desarrollando muy lentamente y ya cuando se dan hechos
consumados. La ciencia actual apenas acaba de empezar a analizar los efectos de algunas mezclas y mecanismos de la toxicidad, y recién se acaba de descubrir que peque¤as dosis de algunas sustancias químicas (por ejemplo la dioxina), pueden provocar enfermedades, ser precursoras de ellas o estar relacionadas con otros factores causales, incluyendo otros contaminantes.
Adem s, estamos viendo (cada vez m s a medida que se va agilizando el tr fico en la Supercarretera de la Información) que muchas de las barreras al acceso son producto de tecnologías informativas inadecuadas, así como de las complejidades técnicas de la recopilación, suma, comparación, interpretación y difusión de datos. Y generalmente no son m s que ambigedades que surgen de la falta de experiencia en el manejo de distintos juegos de datos.
Aún dentro de una misma dependencia como la EPA, el intercambio de datos muchas veces se hace casi imposible, ya que los distintos tipos de bases de datos con los que cuenta esta dependencia, por una gran variedad de motivos, simplemente no pueden intercambiar información. Y ese problema, por supuesto, se complica cuando una dependencia o un país trata de intercambiar información con otro, o cuando el público intenta entrar a alguna de las fuentes de datos que tiene el gobierno.
Pero en muchos casos, algo aún m s importante que estas dificultades técnicas es la ampliamente neutralizante Subcultura del Ocultamiento, que subsiste en relación simbiótica con la falta de voluntad política y se alimenta de intrínsecas barreras al acceso como las que representan la apatía, la inercia, la incompetencia y el elitismo. Algunos poderosos cabilderos y abogados, en busca de sus mezquinos intereses fomentan el tortuguismo, las deficiencias en la ciencia, como la evaluación de riesgos, e ideas tan raras como la que se¤ala que las sustancias químicas, al igual que los seres humanos, deben considerarse inocentes hasta que no se compruebe su culpabilidad. Muchos de los vacíos m s profundos en nuestros programas de investigación y en nuestras bases de datos son el
claro resultado de deliberados intentos por obstruir o de alguna forma retrasar la difusión de la información.
La resistencia al acceso y la transparencia se puede ver reflejada de manera muy clara en las políticas sobre los secretos comerciales que existen en nuestro sistema legislativo, en base al cual algunas industrias contaminantes, con el solo hecho de decir que sus datos constituyen Información Empresarial Confidencial (o IEC, como se le conoce en el medio), pueden legalmente negar al público (y en ocasionas hasta al gobierno) grandes cantidades de información con respecto a la existencia, disposición, efectos sobre la salud, seguridad y medio ambiente de miles de materiales peligrosos que producen y distribuyen. En lugar de que la IEC constituya, como se pretendía que
fuera, una protección legítima para la competencia entre empresas, generalmente esta medida se convierte en un enga¤o para evitar hacer desembolsos por concepto de prevención de la contaminación y enfermedades.
Por ejemplo, la base de datos m s extensa del mundo sobre efectos de las sustancias químicas en la salud es la que mantiene la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), de conformidad con la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de 1976 (TSCA). La base de datos TSCA contiene información acerca de m s de 70,000 sustancias tóxicas comercializables, tal y como la presentan sus propios fabricantes. Aun así, dadas las políticas de IEC de la EPA, la mayoría de esta información no est a disposición del público.
La historia de la gestión de sustancias químicas est repleta de ejemplos de sustancias "seguras" que han salido a la venta y que luego resultan verdaderamente peligrosas. No es necesario ir lejos, solamente pensemos en los BPCs, CFCs, DDT, mercurio, plomo y dietilestilbestrol, por mencionar solo algunas. La ley TSCA fue aprobada hace veinte a¤os con el objeto de ayudar a prevenir este tipo de problemas, pero gracias a la IEC y a la Subcultura del Ocultamiento de la cual se alimenta, menos del 1% de las sustancias que se comercializan han sido analizadas adecuadamente, y los resultados de la mayoría de las pruebas que se han realizado no est n a disposición del público.
La Información Empresarial Confidencial es ya de por sí perjudicial, pero sus efectos se potencializan por el hecho de que ayuda a generar un síndrome espiral mediante el cual entre menos sabe la gente acerca de los efectos de los materiales peligrosos, menos puede hacer para solucionar los problemas, incluyendo el del ocultamiento en sí. Por consecuencia, durante los últimos dos a¤os, hemos visto en el Congreso Estadounidense y en las legislaturas estatales algunos de los m s fuertes ataques en la historia de la libertad de información y el derecho del público a la información (incluyendo propuestas de ley que en las que se aboga por el privilegio de la auto-auditoría, la abolición del TRI, an lisis costo-beneficio obligatorios, mezquinos y destructivos presupuestos para la investigación y la normatividad, etc. -ataques emprendidos por las industrias que usan y emiten sustancias tóxicas).
Acceso en el Lado Mexicano
Muchas de las peores características de la Subcultura del Ocultamiento han hallado cabida en México también, donde no solamente la legislación ambiental, sino la idea del derecho a la información son muy recientes. Aunada a la grave escasez de recursos financieros que sufre México, la Subcultura del Ocultamiento nos da como resultado una grave falta de información acerca de las condiciones de los materiales peligrosos en la República Mexicana en general y en especial en la frontera.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone el Derecho a la Información, pero este se entiende como un concepto mucho m s reducido que el recientemente adoptado Derecho a Saber, que hasta ahora no se ha hecho acreedor a ninguna posición jurídica en México, aunque en a¤os recientes algunas asociaciones civiles e instituciones académicas mexicanas han venido construyendo un clima que con el tiempo puede generar el reconocimiento jurídico de al menos algunos de los principios del derecho a la información.
El principal aliciente de este cambio, al igual que de la adopción de una legislación ambiental en México hace algunos a¤os, y de la actual expansión del marco legislativo ambiental, ha sido la influencia de la comunidad internacional. Las leyes y costumbres internacionales tienden a cobrar m s fuerza en México y en naciones menos desarrolladas que en los Estados Unidos, y así ha sucedido, por ejemplo, con el informe de 1987 de la Comisión Brundtland acerca de desarrollo sustentable, así como con su sucesor, la Cumbre de la Tierra de 1992, realizada en Río de Janeiro, y con las declaraciones consensuadas sobre el derecho a la información firmadas por m s de 178
países participantes de la Cumbre (incluyendo los tres miembros del TLC).
El informe de la Comisión Brundtland, Nuestro Futuro Común, indica que Promover políticas de desarrollo sustentable a nivel nacional e internacional nos exige la realización de un inmenso esfuerzo para informar al público y garantizar su apoyo.Y la Agenda 21, el llamado "Plano para el Futuro" de la Cumbre de la Tierra, al referirse a los peligros de las sustancias químicas tóxicas menciona que Se debe reconocer el principio del derecho de la comunidad y de los trabajadores a conocer la información sobre los riesgos [químicos] (Cap. 19.8). Asimismo, el Principio 10 de la Declaración de Río llama a los estados a facilitar y fomentar la concientización y participación del público poniendo a su disposición la información.
Estas y otras directrices internacionales similares han tenido un efecto directo en la reciente implementación del m s avanzado proyecto oficial de derecho a la información instrumentado por el gobierno federal mexicano, cuya pieza central es el levantamiento, a fines de 1995 y principios de 1996 en el estado de Querétaro, de un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), una variante de lo que en los Estados Unidos se conoce como el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI).
Con base en los lineamientos del RETC que ha desarrollado la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico (OCDE) en respuesta a la Declaración de Río y a Agenda 21, y con la colaboración de algunas de las ONGs de los estados fronterizos mexicanos, el registro nacional piloto recopiló una gran cantidad de datos con los que anteriormente no se contaba, sobre cerca de cien materiales peligrosos usados en varias plantas industriales del estado de Querétaro.
Aún no se han publicado los resultados definitivos del inventario, pero México ha considerado la posibilidad de volver a hacer el RETC o de optimizar la información existente sobre Querétaro, e incluso se ha contemplado la posibilidad de implementarlo en otros estados, de manera que el programa piloto se convierta en un valioso precedente para otros proyectos de recopilación de datos en la República Mexicana, incluyendo los de la región fronteriza. La Comisión de Cooperación Ecológica (CCE) de América del Norte, por ejemplo, al igual que SEMARNAP, la instancia encargada del medio ambiente en México, ha recibido peticiones para llevar a cabo un RETC en la zona de Tijuana como parte del Global Programme of Action de la UNEP, encaminado a proteger el medio ambiente marino de Contaminantes Org nicos Persistentes (COPs).
El primer paso en la prevención de enfermedades, contaminación y emergencias es la identificación de peligros, y la implementación de un RETC ciertamente sería un gran paso hacia el derecho a la información. Pero también es necesario que se vayan dando otros cambios en la Cultura Mexicana de la Información para poder brindar al público un completo acceso a la misma.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, una de las principales fuentes de información ambiental y al mismo tiempo uno de los foros m s interactivos para la participación pública en la toma de decisiones de car cter ambiental lo brinda el proceso de obtención de licencias por el cual tienen que pasar las plantas para obtener su cédula de operación. De manera general, la mayoría de las leyes ambientales estatales y federales del lado americano de la frontera exigen que la gestión de permisos se lleve a cabo de manera transparente, dando aviso al público, permitiendo su escrutinio y tomando en cuenta sus opiniones. El tipo, la cantidad y las condiciones de manejo de los materiales sólidos que se usan en las empresas son materia de información pública, y la participación ciudadana generalmente arroja como resultado una leve modificación de los permisos y los planes antes de que la instancia gubernamental autorice el permiso definitivo.
En México este esencial ingrediente del derecho a la información no existe; la información contenida en los permisos se considera como un asunto que incumbe solamente a la instancia normativa en cuestión, y los datos que presenta la empresa o que de alguna otra forma recaba la dependencia generalmente se consideran como Información Empresarial Confidencial, cuya divulgación al público puede ser considerada una violación no solamente de los convenios celebrados entre la industria y el gobierno, sino de la ley misma.
Lo mismo se puede decir respecto a otro de los principales medios de divulgación de información ambiental, el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Las EIAs (conocidas en México como MIRs o Manifiestos de Impacto Ambiental), han sido reconocidas a nivel mundial como una importantísima herramienta para la toma de decisiones de car cter ambiental. En la típica versión estadounidense, la Evaluación Ambiental (EA) o el Estudio de Impacto Ambiental (EIS) comprenden un elaborado proceso en el que se realizan detallados an lisis obligatorios y se dan a conocer los posibles impactos de las obras propuestas y acciones alternativas creíbles. Mediante este mecanismo se exige dar aviso al público y brindarle oportunidades para emitir comentarios sobre el borrador antes de adoptar e implementar el documento final. Los tribunales federales han dispuesto que el EIS debe aclarar suposiciones, vacíos de información y otras incertidumbres, así como también definir su influencia sobre la clasificación de posibles impactos del producto.
Hasta hace poco, los requisitos federales de la EIA en México eran de lo m s avanzados, y en ellos se exigía a una gran variedad de industrias que antes de empezar operaciones, presentaran informes descriptivos acerca de las emisiones y descargas que se proyectaban. Los requisitos mexicanos de alguna forma eran m s estrictos que los de la EPA en los Estados Unidos, con los cuales se exigían manifiestos de impacto ambiental solamente en proyectos federales, o proyectos financiados con recursos federales.
Sin embargo, en cierto aspecto el programa estadounidense es mucho m s fuerte, por el hecho de que en él se exige que todas las EIA se den a conocer al público, y que a este se le dé oportunidad para expresar sus opiniones. En México el proceso de la EIA, al igual que el proceso de obtención de licencias para las plantas, generalmente est cerrado al público; la información generalmente la intercambian solamente el gobierno y la planta. Adem s, recientemente México ha limitado aún m s su programa, de manera que ahora se le exige a menos empresas la presentación de Evaluaciones de Impacto Ambiental.
Como los programas mexicanos de protección e información ambiental son relativamente nuevos y constantemente cambian, hay motivos para esperar que el país r pidamente pueda vencer algunos de estos problemas al tiempo que evita los de redundancia, incompatibilidad, y algunos otros que han plagado a los Estados Unidos. Mientras tanto, el acceso de la ciudadanía a la información sigue siendo bastante restringido en el lado sur de la frontera.
Acceso Intermedio
A pesar de la promesa del TLC y de la explosión informativa posterior a la apertura de industrias, lo que conocemos acerca de los materiales peligrosos en nuestras comunidades, lugares de trabajo y en el medio ambiente en general, sigue siendo menos que lo que desconocemos, y lo que desconocemos es lo que constituye la respuesta a las preguntas elementales de quién, qué, dónde, cu ndo, cu nto y por qué.
Desde la aprobación del TLC, cientos de nuevas plantas han iniciado operaciones en nuestras comunidades fronterizas, y nosotros no contamos con información sobre los tipos y las cantidades de materiales peligrosos que utiliza, almacena y emite la mayoría de ellas. Y muchas de estas empresas, como antes del TLC, son empresas estadounidenses que se trasladan a México precisamente en busca de requisitos menos estrictos de notificación y normatividad.
Aún con lo significativos que puedan ser estos vacíos de datos sobre el sector industrial urbano, tenemos incluso menos información acerca del sector rural. Por ejemplo, se carece de información sobre la ubicación y los contenidos de las plantas de disposición de residuos tóxicos no clasificadas, el impacto ambiental de las minas, la contaminación de las superficies por el uso de plaguicidas agrícolas y no-agrícolas, así como la exposición humana a estas sustancias. Y tanto en el ambiente rural como en el urbano, existe una gran escasez de información sobre la posible relación entre las condiciones ambientales y los problemas de salud humana y ambiental que se han identificado.
A pesar de estas deficiencias (y en parte debido a ellas), de cierta forma en la región fronteriza tenemos una mejor oportunidad de responder algunas de estas preguntas que en el resto del país, ya que las negociaciones en el marco binacional no necesariamente se limitan a sus respectivos países, sino que las naciones, si existe voluntad política y no se violan los principios de soberanía, pueden elegir el mejor de los dos sistemas para crear un nuevo y ejemplar ambiente informativo.
La mejor oportunidad para abrir el acceso en ambos lados de la frontera se encuentra en el nivel municipal, donde pueden a veces tomarse decisiones sin tener que pasar por políticas de compromiso y retóricas de alto nivel que aparecen con tanta frecuencia en las discusiones a nivel federal. A nivel local, los proyectos de cooperación entre el gobierno y las ONGs representan una oportunidad para aplicar la experiencia adquirida a nivel local a problemas particulares de la región, y las instancias estatales y municipales pueden aprovechar los actuales programas de
descentralización implementados por ambos gobiernos federales.
Por ejemplo, uno de los m s exitosos ejemplos de cooperación binacional ha sido la planeación y respuesta a emergencias, un campo que desde siempre ha estado relacionado con las condiciones y los problemas locales. Es este un campo que ofrece a las comunidades un punto de inicio relativamente f cil para el proceso de apertura, y por consecuencia, se ha visto beneficiado por varias de las recientes mejoras al derecho a la información. Incluso m s aparente ha sido la continua optimización de la capacitación sobre materiales peligrosos que se brinda a los cuerpos de respuesta a emergencias en ambos lados de la frontera. Ahora tenemos una comunidad de servicios de
emergencia mucho mejor capacitada que en a¤os anteriores (todavía no contamos con todo el equipo que se necesita para los servicios de emergencia, pero ese, aunque m s triste, es otro cantar).
En la zona fronteriza entre Arizona y Sonora se han empezado a implementar iniciativas de planeación y respuesta a emergencias; una de las m s recientes es la creación de un Equipo Fronterizo de Acciones de Respuesta, grupo binacional compuesto de varios servicios de emergencia, ONGs y organizaciones académicas, quienes trabajan conjuntamente en aspectos de planeación y respuesta, incluyendo la notificación a las autoridades municipales acerca del envío de materiales peligrosos en camiones y ferrocarril, y en la realización de actividades de monitoreo para determinar el alcance de la contaminación generada por los derrames y las fugas de materiales en su transporte a través de la frontera.
Pero aún en las actividades de planeación de emergencias la Subcultura del Ocultamiento viene a cerrarnos el paso. En las ciudades de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, por ejemplo, la Asociación de Maquiladoras recientemente proporcionó a los servicios de respuesta a emergencias del condado de Santa Cruz alguna información acerca de los materiales peligrosos que se usan en algunas de las maquiladoras del lado mexicano, no sin antes hacer que la instancia prometiera que esa información no se haría del conocimiento del público. También se han celebrado convenios similares entre plantas bajacalifornianas y los servicios de emergencia de la Alta California.
Aún cuando se le permitiera al público el acceso a la información sobre planeación y respuesta a emergencias, esto sería solamente una mínima parte de todo lo que se necesita. Las emergencias no se presentan por sí solas, sino que son parte de un contexto que incluye todo el ciclo de vida de los materiales peligrosos. Lo que se necesita son sistemas de planeación y manejo de datos sobre materiales peligrosos que puedan relacionar la planeación y respuesta a emergencias con otros aspectos como la planeación del uso de suelo y la salud comunitaria.
Esta era la intención del Proyecto Fronterizo del Derecho a Saber que en 1993 iniciaron ATI y Enlace Fronterizo, una asociación civil con sede en Agua Prieta, Sonora. Hasta donde yo sé, la única información a que est a disposición del público sobre materiales peligrosos utilizados en plantas del lado mexicano de la frontera es la contenida en el inventario de sustancias tóxicas usadas en las maquiladoras de Agua Prieta; inventario que formó parte de ese proyecto. Este inventario era innovador en varios sentidos, incluyendo el hecho de que fue concebido e
instrumentado por grupos de interés público no lucrativos. El proyecto se pudo realizar gracias a la gran cooperación de las autoridades municipales y estatales; sus resultados se dieron a conocer al público, y se logró coordinar la información sobre planeación y respuesta a emergencias con la referente a materias primas, uso en las plantas, emisiones rutinarias, y otra información sobre contabilización de los materiales.
Este enfoque integrado de apertura es también la base de un proyecto que esperamos iniciar pronto en el rea de Naco, Sonora, y Naco, Arizona. Tomando como fundamento el di logo facilitado por ATI que durante un a¤o han venido sosteniendo las autoridades estatales y municipales encargadas de la planeación del uso de suelo en ambos lados de la frontera entre Sonora y Arizona, el Proyecto de Datos de Manejo de Tóxicos en Naco est encaminado a desarrollar un inventario de materiales en esta zona y a incorporar esta información a un sistema de manejo de datos enlazado con el GIS del Condado de Cochise, y que podr usarse tanto para la planeación del uso de suelo como para la planeación de respuesta a emergencias.
Los actuales esfuerzos que se realizan en pro del derecho a la información en la frontera recorren toda la gama de proyectos, desde los de recopilación de datos y capacitación (como la serie de talleres para peque¤as empresas y comunidades acerca de varios temas de prevención de la contaminación que ATI ha venido llevando a cabo en colaboración con la ciudad de Nogales y otras comunidades), hasta los proyectos de mera información teórica (como la compilación de un Diccionario de Datos sobre Tóxicos y la Lista de Referencia de Tóxicos en la Frontera, para usarse en el GIS de la cuenca del Río Tijuana).
Espero que con este panorama les haya dado una idea de la magnitud de los esfuerzos que se realizan para ampliar el acceso del público a la información en la frontera, y que esto les sea útil a ustedes en sus propios esfuerzos. Para concluir, quisiera mencionar una importante iniciativa del derecho a la información que sin embargo se est viendo amenazada. La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), organismo establecido por los países participantes en el TLC para certificar proyectos fronterizos de mejoramiento ambiental que sean merecedores del
financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN) y de otras fuentes, ha brindado una de las m s prometedoras oportunidades para ampliar el derecho a la información en la región.
Durante los últimos dos a¤os, la COCEF ha mejorado significativamente la Cultura de la Información en la zona fronteriza, al desarrollar un proceso de certificación al cual se incorporan innovadores y avanzados procedimientos de participación pública, y lo que es m s importante aún, al desarrollar, mediante un proceso de participación pública, unos Criterios que los promotores deben cumplir para que su proyecto pueda ser certificado.
Entre esos Criterios para la Certificación se encuentra un requisito mediante el cual se exige a los promotores que lleven a cabo, presenten y obtengan la aprobación de una evaluación de impacto ambiental para su proyecto. Las EIAs que se presentan para cubrir este requisito representan el único instrumento con el que cuentan los ciudadanos, los gobiernos, la COCEF y el BANDAN para determinar los posibles efectos ambientales y la sustentabilidad de los proyectos propuestos. Sin embargo, en su reunión de este mes en Ju rez, el Consejo Directivo de la COCEF va a considerar un propuesta para eliminar el requisito de la EIA, argumentando que como la legislación mexicana o estadounidense no siempre exige la presentación de una EIA, la COCEF no debe exigirla.
Si se adopta, esta propuesta destruir el programa de participación pública de la COCEF, y retrasar gravemente los avances que esta institución ha logrado en materia de la promoción del desarrollo sustentable en la región fronteriza. La eliminación del requisito de la EIA representar una gran victoria para la Subcultura del Ocultamiento contra la que tanto han luchado la COCEF y otros organismos.
Espero que en vez de retroceder en aras de la privacidad, el Consejo Directivo de la COCEF pueda convencerse de reafirmar su compromiso con la transparencia, y contemple el panorama de la frontera como una zona en la cual podemos escapar de las cadenas de la vieja Subcultura del Ocultamiento, para permitir que la protección ambiental y el desarrollo sustentable avancen m s all de las barreras que limitan el acceso del público a la información en ambos lados de la línea divisoria, ayudando a crear una nueva Cultura Binacional de la Información fundamentada en la Libertad de Información, el Derecho a Saber y los mejores ejemplos de transparencia que se puedan encontrar en ambas naciones.