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7 de junio, 2004
Actualizado: 11:44 AM hora de Nueva York (1544 GMT)
WASHINGTON (AP) -- La Corte Suprema de Estados
Unidos falló el lunes que el gobierno estadounidense puede abrir las carreteras
nacionales a los camiones mexicanos cuando lo desee, sin necesidad de emprender
un extenso estudio ambiental.
El máximo tribunal rechazó los argumentos de
grupos sindicales y ambientalistas que durante años se han opuesto a la
circulación de camiones mexicanos dentro de territorio estadounidense, por
temor a los efectos sobre el medio ambiente y la seguridad vial.
El libre tránsito de esos vehículos, sin embargo,
había sido estipulado en el tratado de libre comercio que firmaron las dos
naciones junto con Canadá en la década pasada.
En un fallo basado en consideraciones técnicas, la
Corte Suprema sostuvo que el presidente tiene autoridad para abrir la frontera
y una agencia federal responsable de la seguridad de los camiones no tiene voz
en el asunto. Por lo tanto, la agencia no tiene la obligación de estudiar las
consecuencias ambientales de la apertura de la frontera como ordenó un tribunal
federal inferior.
Desde el punto de vista práctico, el fallo tendría
escasas consecuencias. El gobierno del presidente George W. Bush ya había
iniciado el estudio ordenado por el tribunal inferior y se cree que lo
terminará en poco tiempo. El estudio sólo podía demorar, no impedir, la
apertura de la frontera, y la Casa Blanca había dicho que autorizaría el
ingreso de los camiones apenas pudiera hacerlo.
Bush ordenó la apertura de todas las vías
estadounidenses a los camiones mexicanos en el año 2002, pero la disputa estaba
trabada en los tribunales.
El pleito, que comenzó durante la presidencia de
Bill Clinton, se ha reducido al último aspecto, la evaluación ambiental. Los
opositores a la apertura argumentan que la ley requiere un determinado tipo de
estudio y que el gobierno trataba de soslayar ese requisito.
La Corte Suprema rechazó ese argumento, así como
lo que llamó los intentos de los opositores de basar su pleito en problemas de
seguridad y ambientales en lugar de los requisitos legales concretos.
"Puesto que el presidente, no la Dirección
Federal de Seguridad del Transporte Motorizado (FMCSA, por su sigla en inglés)
podía autorizar o no autorizar las operaciones fronterizas de transportadores
mexicanos, y puesto que FMCSA no tiene autoridad para impedir el ingreso de
camiones mexicanos, su informe ambiental no tenía la obligación de estudiar las
consecuencias ambientales derivadas del ingreso", escribió el juez
Clarence Thomas en nombre de la corte.